La cumbre Judicial Iberoamericana es una organización que trabaja con una metodología orientada a resultados.
Los productos y resultados deben ser coherentes con el objetivo último de la Cumbre: contribuir al fortalecimiento del Estado democrático de derecho a través de la mejora de las administraciones de justicia, y de una preocupación continua por la excelencia del servicio prestado por los jueces y juezas a la sociedad.
Cada edición de la Cumbre está presidida por un eje temático al que deben ajustarse los concretos proyectos a desarrollar. La edición tiene una duración aproximada de entre 18-24 meses y dentro de este periodo de tiempo se celebran reuniones preparatorias de Coordinadores Nacionales y Rondas de Talleres. Estas actividades sirven para el desarrollo de los concretos proyectos aprobados en la Primera Reunión Preparatoria de cada edición.
En esta página web existe una sección destinada a dar información sobre el estado de la edición en curso, así como otra en la que se recogen los hitos fundamentales de las ediciones anteriores.
Como resultados más relevantes ya alcanzados pueden citarse:
- La aprobación del Estatuto del Juez Iberoamericano, que aspira a ser el paradigma o referente que identifique los valores, principios, instituciones, procesos y recursos mínimos necesarios para garantizar que la función jurisdiccional se desarrolle en forma independiente, defina el papel del juez en el contexto de una sociedad democrática y estimule los esfuerzos que en ese sentido desarrollan los Poderes Judiciales de la región.
- La aprobación de la Carta de Derechos del Usuario de la Justicia, con vocación de enumeración exhaustiva de todos los derechos que asisten a todas aquellas personas que requieran el servicio de administración de justicia en el ámbito iberoamericano.
- La aprobación del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, concebido como un referente básico en sede de deontología profesional para los jueces iberoamericanos.
- La constitución de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, encargada no sólo de contribuir a fortalecer la conciencia ética judicial de los jueces iberoamericanos, sino también de asesorar a los diferentes poderes judiciales y consejos de la judicatura iberoamericanos, así como a la propia cumbre, en materia de deontología aplicada al ámbito jurisdiccional, así como de facilitar la difusión y desarrollo de la ética judicial a través de publicaciones y actividades diversas.
- La constitución y mantenimiento del Aula Iberoamericana. Programa de capacitación, dirigido a jueces y magistrados iberoamericanos, con el que mediante un sistema de becas concedidas por el Consejo General del Poder Judicial del Reino de España, se persiguen, entre otros, los siguientes objetivos:
- Puesta a disposición de la comunidad jurídica iberoamericana de la experiencia en materia de formación judicial.
- Aproximación de los vínculos existentes entre las Cortes y Tribunales Supremos y Consejos de la Judicatura de los países iberoamericanos.
- Consolidación de un marco de encuentro entre jueces y magistrados españoles e iberoamericanos de alto nivel académico que constituya una referencia en los distintos ámbitos relacionados con el ejercicio de la función jurisdiccional.
- Implementación de una comunidad judicial iberoamericana que facilite el intercambio de experiencias, información y proyectos de investigación.
- La creación de la Red Iberoamericana de Información y Documentación Judicial (IberIUS). Concebida como una comunidad de cooperación, concertación y apoyo recíproco entre los Centros y Unidades de Información y Documentación Judicial de los países iberoamericanos. Su propósito es contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho de los países que la componen, poniendo a disposición de los integrantes de sus respectivas judicaturas la información y documentación judicial relevante que les permitan mejorar la calidad de sus decisiones, y haciendo accesible al público en general la información necesaria para conocer los sistemas de justicia y los medios para ejercer los derechos que les asisten. Todo ello por medio de la interconexión, consulta, difusión, intercambio y otros servicios de información y documentación judicial de los sistemas judiciales de los países iberoamericanos.
- La creación de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales (RIAEJ). La Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales se crea por acuerdo del II Encuentro Iberoamericano de Consejos de la Judicatura, celebrado en Barcelona en el mes de marzo de 2001, y por acuerdo de la VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, celebrado en Canarias en el mes de mayo de 2001. La RIAEJ se constituye desde su inicio como una comunidad de enlace para la cooperación, concertación y apoyo recíproco entre las Escuelas Judiciales y centros públicos de capacitación judicial de Iberoamérica, que contribuye al intercambio de información sobre programas, metodologías y sistemas de capacitación judicial, facilita la coordinación de actividades que interesan a sus miembros y planifica actividades conjuntas de capacitación. Todo ello apoyado en una estructura organizativa flexible, respetuosa de la autonomía de cada uno de sus miembros, que aprovecha la tecnología disponible para facilitar el cumplimiento de sus objetivos.
- La puesta en funcionamiento del Centro Iberoamericano de Capacitación Judicial Virtual. Este centro se crea por acuerdo o de la VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, celebrada en Canarias en el mes de mayo de 2001. El Centro Iberoamericano de Capacitación Judicial Virtual fue inicialmente visualizado como un instrumento para el fortalecimiento de la carrera judicial, que tiene como impacto facilitar a las Escuelas Judiciales un instrumento que les permitirá proporcionar una capacitación efectiva, uniforme y accesible a jueces y magistrados iberoamericanos, mediante el uso de tecnología de vanguardia para la capacitación judicial a distancia. De esa forma, las Escuelas Judiciales pueden superar algunas limitaciones importantes ligadas a los programas de educación presencial.
- La puesta en funcionamiento de una Red Iberoamericana de Asistencia Judicial (IberRED), concebida como un instrumento facilitador de la asistencia judicial internacional y paso fundamental en la conformación de un Espacio Judicial Iberoamericano entendido, como “escenario específico donde la actividad de cooperación judicial sea objeto de mecanismos reforzados, dinámicas e instrumentos de simplificación y agilización que, sin menoscabo del ámbito de competencia de los Poderes Legislativos y Ejecutivos de los Estados representados, permitan una actividad de ese tipo adecuada y conforme a las exigencias del proceso que la motiva, como condición indispensable para la obtención de una tutela judicial efectiva”.
- La creación del Sistema Iberoamericano de Información Judicial, con el que se pretende de una parte facilitar de manera permanente y accesible para nuestras instituciones y ciudadanos, el conocimiento mutuo de los aspectos estructurales, organizativos, normativos y descriptivos más esenciales de nuestros respectivos sistemas judiciales; y de otra, constatar y documentar los avances y logros alcanzados por nuestros respectivos sistemas en la implementación de los proyectos, declaraciones, acciones y compromisos asumidos a lo largo de las distintas ediciones. Fruto de este proyecto ha sido la reciente publicación del Mapa Judicial Iberoamericano, y del Tablero de Experiencias, ambos pueden consultarse en esta página web.
- La aprobación del proyecto e.justicia, destinado a apoyar la incorporación de nuevas tecnologías a la actividad jurisdiccional.
- La realización de estudios comparados relativos a nuestras instituciones fundamentales. (con los links correspondientes a cada producto y resultado) (También con los links correspondientes a edición en curso y ediciones anteriores)
- La aprobación de las "Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad", que contienen unas bases de reflexión y unas líneas de actuación que tienen como destinatarios, en primer lugar, a los poderes públicos, para que promuevan el desarrollo de políticas públicas que garanticen dicho acceso; y, por otro lado, a todos los servidores y operadores del sistema de justicia, para que otorguen a las personas vulnerables un trato adecuado a sus circunstancias singulares. Se ha constituido una Comisión de Seguimiento para promover la efectividad de estas Reglas.
